Frente a la crisis de derechos humanos, actores políticos esgrimen posiciones inconsistentes, como si ignorasen los efectos sociales de la impunidad y la gravedad de la situación.

Los casos abundan. Legisladores que antes impulsaron reformas relevantes para los derechos humanos hoy promueven otras en extremo preocupantes, como una Ley de Seguridad Interior que perpetuará la intervención castrense en tareas ajenas a su mandato o la Miscelánea Penal que debilitaría el nuevo sistema de justicia. Aspirantes presidenciales se exasperan frente a la legítima interpelación de las víctimas. Pero los ejemplos más nítidos son la postura de la representación del Estado que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las posiciones de las Fuerzas Armadas ante medios de comunicación.

En la audiencia del caso Ayotzinapa en la CIDH, el Estado fue evidenciado con el testimonio de los familiares y el del ex Visitador de la PGR. Pero ofendiendo a la CIDH y a las familias, la representación estatal volvió a esgrimir la hipótesis oficial sobre la pira del basurero de Cocula.

Se trató de un viraje: aunque nunca se expresó la aceptación plena de las conclusiones del Grupo de Expertos (GIEI), en la formalidad el Estado no las disputaba abiertamente. El Subsecretario Campa llegó ahora al extremo de cuestionar si las familias tendrían la disposición de "aceptar" la verdad histórica. Político avezado, debería saber que este emplazamiento es legal, científica y éticamente inviable, como lo señaló la periodista Elisa Alanís. El paso del tiempo no fortalece por sí mismo a la llamada "verdad histórica": no lo hace legalmente, porque el Estado duda tanto de su versión que a nadie ha acusado por el homicidio de los normalistas; tampoco científicamente, porque los análisis periciales independientes sobre su imposibilidad no pierden contundencia con los meses; no lo hace, en fin, éticamente porque al pretender que el obstáculo para la verdad oficial es la renuencia de las familias a aceptarla, se adopta una posición indigna que convierte una discusión científica en un asunto de fe y que caracteriza a familias, representantes, expertos y CIDH como unos necios. Esta postura es inconsistente con las declaraciones y el compromiso de agotar todas las líneas de investigación.

El caso de las Fuerzas Armadas es también muestra de esta misma inconsistencia, en al menos dos aspectos: en lo relacionado con el papel del Ejército en Ayotzinapa y en lo vinculado con la rendición de cuentas frente a los abusos.

En el caso Iguala, para eximir al Ejército no basta con señalar que la evidencia no confirma una participación directa en la desaparición de los normalistas. El GIEI señaló que la evidencia apunta más bien hacia otro tipo de responsabilidades: está probado que los soldados demoraron considerablemente en allegar pruebas relevantes y que omitieron información en sus primeras declaraciones. No se ha investigado este comportamiento irregular; tampoco lo documentado por los expertos sobre la posible vinculación de castrenses con el entorno criminal de Iguala. El propio Ejército incrementó las dudas al no transparentar ante la CIDH su actuación esa noche. Así, no es consistente afirmar que su actuación en el caso es intachable.

Pero más allá del caso, la inconsistencia es patente si se considera que el respeto a los derechos humanos se debe acreditar, sobre todo, sancionando abusos y reconociendo daños. En este punto, no podemos olvidar que el Ejército no impulsó nunca medidas de justicia transicional y que el número de sentencias por abusos sigue siendo muy bajo frente al cúmulo de quejas. Casos emblemáticos continúan impunes. Soslayar estos antecedentes en la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior es otra muestra de inconsistencia.

Poco podrá lograrse cuando el diagnóstico sobre la gravedad del momento o sobre las falencias en casos y políticas se sigue obviando. La situación demanda más consistencia.
 

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