México, de ser un país por el que transitan miles de personas hacia Estados Unidos, se ha ido convirtiendo en los últimos cinco años, en un país cada vez más de destino. La violencia en Centroamérica, especialmente en Honduras, el Salvador y en Guatemala, genera que la migración, hasta hace muy poco meramente económica hacia los Estados Unidos, haya cambiado a ser un desplazamiento forzado de personas con necesidad de protección Internacional.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, 400 mil personas pasan por el territorio nacional. De estas, 150 mil tendrían derecho a protección internacional, de acuerdo a los criterios establecidos en la declaración de Cartagena sobre violencia sistemática.

Las cifras oficiales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), evidencian que el número de solicitantes ha ido en aumento en los últimos cuatro años, especialmente en el último. Mientras que en 2015 se presentaron 3 mil 424 solicitudes, en 2016 se realizaron 8 mil 781, es decir, se produjo un aumento del 156%.

Sin embargo, la respuesta de México está muy por debajo de las necesidades de protección; en 2015 de las más de 3 mil solicitudes, el gobierno otorgó solo 949 estatus de refugio. Para el 2016 de las 8 mil se reconocieron menos de 3 mil.

Aunque ha habido un incremento comparativo, aún prevalecen diversos retos para que las personas refugiadas puedan acceder al procedimiento y ejercer sus derechos.  

La afectación para las personas que llegan a México con necesidad de obtener protección internacional es dramática. Año con año, el número de migrantes detenidos y deportados por el gobierno mexicano es cada vez mayor. Instituciones de la sociedad civil, estiman que desde el 2000 hasta el 2015, se han detenido cerca de 2.1 millones de migrantes. Más de la mitad de las detenciones se producen tan solo en Chiapas y Tabasco.

Es en este contexto que la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús acuerda con el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), la asistencia desde su conocimiento y experiencia, para el acompañamiento a la población solicitante y refugiada, que según estimaciones de ACNUR para el presente año, 20 mil personas buscarán el refugio en México.

Todo esto como consecuencia de la actual política migratoria de odio y criminalización del presidente Trump. Posición que ha venido a agravar las anteriores políticas migratorias de la región, que ponían en el centro la seguridad territorial y la militarización de las fronteras, trayendo como consecuencia un alto nivel de delitos y violaciones de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas de Centroamérica y de los flujos emergentes de africanos y haitianos presente en el 2016 y lo que va del 2017.

Situación que nos habla de que en México y en Estados Unidos se da una violencia y violación sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.

Actualmente el SJR (JRS en inglés) cuenta con once oficinas regionales y tiene presencia en 58 países. Acompaña a más de 500 mil personas desplazadas forzadamente en el mundo para contribuir a garantizar el acceso a derechos y cubrir necesidades básicas de salud, educación y nutrición. Contribuyendo a la integración social-económica-política de las personas refugiadas y sus familias a los nuevos contextos de países a donde llegan.

En México, el SJR trabajará de la mano con el Servicio Jesuita a Migrantes y otras obras de la Compañía de Jesús ofreciendo acompañamiento psicosocial y jurídico en Tapachula y Frontera Comalapa. 

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Programa de Asuntos migratorios

México, atractivo para migrantes centroamericanos ante fenómeno Trump