#ANÁLISIS La violencia actual en México: diferencias entre 2011 y 2017

Lun, 15 Ene 2018
El incremento del homicidio y el posible aval de la Ley de Seguridad Interior por la Suprema Corte puede abrir la discusión para un debate de modelos alternos de seguridad: experta
  • La violencia en nuestro país ha ido en aumento para el último trienio (Pixabay.com).
  • Anexo 1
  • Anexo 2
Por: 
Arisbeth Hernández Tapia, asistente del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática

A lo largo del segundo semestre de 2017, los medios de comunicación empezaban a alertar sobre el posible incremento del homicidio doloso (HD) en el país. A finales del año (29/12/2017), el Comisionado Nacional de Seguridad se pronunció al respecto en una entrevista con El Universal señalando que era probable que el HD superara el pico histórico reciente, 2011.

Entre las aseveraciones del Comisionado destacaban, por un lado, que a pesar de que era probable el incremento del HD, la violencia con respecto a 2011 era diferente sin señalar a detalle qué es lo que la hacía diferente; por el otro, apuntaba como posibles elementos del probable aumento eventos externos allende al control del gobierno mexicano, como son el proceso de paz con las FARC (por el cese a la fumigación de cultivos de hoja de coca), la demanda de opiáceos en el mercado norteamericano y el flujo de armas. 

Quizá lo que se le olvidó a Renato Sales es que haciendo uso de información pública se puede ya sostener con base en evidencia que el incremento del HD no es probable, es real, y que entre los elementos que pueden llegar a hacer diferente a 2011 con respecto a 2017 (y más allá de la dinámica criminal) son la creciente evidencia empírica colectada por distintas organizaciones, nacionales e internacionales, de que el modelo de seguridad de los últimos 10 años no ha redituado en mayor seguridad y que se requeriría voltear a ver a iniciativas de política pública con apego irrestricto en los derechos humanos y con eventual inspiración en la seguridad ciudadana.

Así, y tomando en cuenta lo anterior, me dedicaré a mostrar con base en cifras oficiales el incremento del HD y los elementos de contexto más relevantes en materia de combate a la delincuencia en los últimos años, mismos que podrían diferenciar o no a 2011 de 2017.

El uso del HD como indicador de violencia y delincuencia es usual en la bibliografía especializada, en específico porque es el delito con menor subregistro puesto que su ocurrencia debe quedar plasmada en los conteos judiciales y de salud, lo que le constituye en el mejor observable empírico de la violencia interpersonal y del crimen violento (Ramírez, 2014). 

Los únicos datos disponibles para 2017 son los del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con los cuales construimos dos tasas: en la primera de ellas (anexo 1) se muestra la tasa de HD *100 mil hab. anual entre 2000 y 2017 y con la segunda se elaboró un ranking anual de los 10 estados con mayores tasas de HD entre 2011 y 2017. 

Los datos del anexo 1 muestran claramente cómo entre 2000 y 2006 hay un descenso del HD, mientras que entre 2007 y 2011 se aprecia un aumento sostenido del indicador (situación que coincide con el despliegue de operativos conjuntos en la administración de Felipe Calderón); mientras que entre 2012 y 2014 hay una baja, tendencia que se revierte para los últimos tres años de la serie, lo que coloca a 2017 casi igual de violento que 2011, pico histórico de la serie. 

Ahora bien, los datos del 2017 fueron construidos con el conteo de HD hasta el día 30 de noviembre de 20171, si se ajustan los datos entre 2011 y 2017 bajo un criterio de comparabilidad que haga que para cada año se tome la sumatoria de HD hasta el 30 de noviembre se tiene que la tasa de 2017 ha superado la tasa de 2011, ya que para 2017 la tasa fue de 19.12 mientras que en 2011 fue de 18.7. 

Con la información del anexo 2, no sólo se puede señalar el incremento, antes bien se puede desvelar la variación entre los estados más violentos; en primera instancia se observa la presencia de entidades federativas con problemas crónicos de violencia, tal es el caso de Chihuahua, Sinaloa y Guerrero, tres estados que en esta serie de datos han ocupado lugares preponderantes; en segundo lugar, y quizá lo más rico analíticamente, es el trienio 2015-2017 del cual se puede señalar, de manera exploratoria, al menos dos grandes características: la inserción a los primeros diez lugares de dos estados (Baja California Sur y Zacatecas) y la concentración del HD en Colima, de hecho para los dos últimos años se ubica en el primer lugar nacional. 

Con base en lo anterior se puede aseverar que, en efecto, hay un incremento del indicador que ha rebasado ya el terreno de la probabilidad y que la violencia entre 2011 y 2017 ha variado entre estados.

En términos de política pública, y quizá es a lo que se refería Renato Sales, es que la actual crisis de violencia y delincuencia se encuentra enmarcada en un nuevo diseño institucional con respecto al de 2011. No obstante, y según el Centro Prodh, en la planeación del sexenio la presencia de las fuerzas armadas ha sido dual, pues por un lado se recalcó un “deslinde discursivo de esta administración respecto de la que le precedió, [mientras que] en algunos documentos oficiales ésta quedó prevista desde el comienzo, en clara continuidad con las políticas adoptadas durante el gobierno de Felipe Calderón” (Centro Prodh, 2017, p. 29). 

Así, la administración de Peña Nieto elaboró, en un primer momento, un Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) como tratamiento alterno a los municipios con mayores problemas de violencia y delincuencia; no obstante, y a inicios de 2017, se decretó presupuesto 0 al PRONAPRED, esto a pesar de las airadas críticas que la iniciativa suscitó, pues si bien es cierto que el PRONAPRED adolecía de fallas sustanciales en su diseño, evaluación y asignación de municipios prioritarios (Ramírez y Díaz, 2017), éste era una iniciativa con posibles resultados en el mediano y largo plazo. 

Con el descalabro del PRONAPRED2 se puso en evidencia el maquillaje discursivo de la administración de Peña Nieto y su hipotético compromiso con la prevención y evidenció continuidad con las estrategias de la administración previa. Pero no sólo eso, antes bien se ha incrementado la presencia de militares en tareas de seguridad pública, según información del Centro Prodh “en 2012 la Sedena reportó 75 bases (BOM) con un total de mil 680 elementos y 160 vehículos militares. 

En 2016 se contabilizaron 142 bases mixtas con tres mil 386 elementos militares asignados de fijo en tareas de seguridad pública y con el apoyo de 328 vehículos” (Ibíd, p. 30), lo que hace que “diariamente al menos 50 mil elementos del Ejército realizan funciones ajenas al mandato constitucional de las fuerzas armadas”. (Ibíd., p. 33).

Un elemento no menor en la actual configuración es la creciente evidencia de los costos en materia de derechos humanos de la presencia de militares en tareas de seguridad pública. Así, “entre 2007 y marzo de 2017 se han dirigido 140 instrumentos recomendatorios contra ambas fuerzas armadas: 138 recomendaciones y dos recomendaciones graves, de las cuales 109 fueron dirigidas a la Sedena y 31 a la Semar”. (Ibíd, p. 55). 

Los señalamientos en contra del Estado mexicano como posible violador de derechos humanos (al menos por incumplimiento sistemático de sus obligaciones) han hecho que distintas organizaciones, nacionales e internacionales, y en especial tras la desaparición forzada de los 43 normalistas Ayotzinapa en septiembre de 2014, señalen que la presencia de militares en las calles puede ser riesgoso para los derechos humanos, tal y como lo muestra la Open Society en su informe de 2016 (Atrocidades Innegables) y la CNDH en su informe especial de 2017 sobre desaparición forzada y fosas clandestinas. 

Esta situación ha hecho que los distintos grupos de trabajo de la ONU hayan hecho recomendaciones al estado mexicano por casos de tortura y desaparición forzada, además de la atracción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del caso Alvarado por la desaparición forzada de pobladores del ejido Benito Juárez por miembros del 35 Batallón de Infantería, por mencionar un caso paradigmático.

En suma, se puede afirmar que la violencia en nuestro país ha ido en aumento para el último trienio. Pero no sólo que ha ido en aumento, sino que el 2017 rebasó el pico histórico reciente (2011), además de que con los datos públicos disponibles se puede mostrar una variación en la distribución del HD (anexo 2). 

Asimismo, la participación de militares en tareas de seguridad pública ha redituado en posibles violaciones de derechos humanos, lo que ha sido revelado por organizaciones nacionales e internacionales. Por último, la configuración institucional ha descartado por completo enfoques alternos al despliegue de militares en seguridad pública, tal y como lo muestra el presupuesto 0 en 2017 al PRONAPRED; situación particularmente grave en el contexto actual de violencia y delincuencia. La violencia no sólo ha ido en aumento sino que actualmente se pretende legislar y dar carta de legalidad a la presencia de las fuerzas armadas en seguridad pública con la Ley de Seguridad Interior.

Creo que en el fondo y de manera óptima, el incremento del homicidio y el posible aval de la Ley de Seguridad Interior por la Suprema Corte puede abrir la discusión para un debate de modelos alternos de seguridad, en específico porque la presencia de militares en seguridad pública es sintomático de deficiencias institucionales de las policías, en especial de las corporaciones locales.

Referencias:

Centro Prodh (2017), Perpetuar el fallido modelo de seguridad. La Ley de seguridad interior y el legado de una década de políticas de seguridad en México contrarias a los derechos humanos, Centro Prodh, México.

El Universal, (29/12/2017), Violencia en el país es diferente a la de 2011: Renato Sales.

Ramírez, David, (2015), Crimen y Economía: Análisis de la tasa de homicidio en México a partir de variables económicas (2000, 2005, 2010), Estudios Sociológicos, 94.

Ramírez, David y Díaz, Mario, (2017), Los efectos de la política de prevención del crimen y la violencia en México, CIDOB dÁfers Internacionals, 116.

Pies:

1 El 22 de diciembre fue la última actualización del SESNSP. La consulta del registro en comento es del día 02 de enero de 2018.

2 La otra iniciativa de calado en la materia es la creación de la Gendarmería; sin embargo, ésta quedó reducida a una división al interior de la Policía Federal.


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